El legislador priista denunció que existe una omisión legislativa generalizada; a la fecha, solo Ciudad de México, Baja California y Querétaro han emitido su Declaratoria de Vigencia.
La mayoría de las entidades aún deben reformar diversas leyes locales, incluyendo sus Constituciones, Leyes Orgánicas del Poder Judicial y Códigos de Procedimientos Civiles o Familiares.
El diputado federal Rubén Moreira Valdez exhortó a los congresos locales de las 32 entidades federativas a realizar las adecuaciones normativas necesarias para la entrada en vigor del nuevo Sistema de Justicia Civil y Familiar oral, así como a prever las asignaciones presupuestales correspondientes.
A través de un Punto de Acuerdo, solicitó a los poderes judiciales locales elaborar y dar a conocer su plan de implementación para la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en sus estados, a más tardar el 1 de abril de 2027.
El líder priista señaló que actualmente existe un rezago considerable en la implementación. Esto se debe, dijo, a que casi todas las legislaturas han sido omisas en la adecuación de su normativa y a que los poderes judiciales locales no han cumplido con sus obligaciones.
Subrayó que, a pesar de que la Ciudad de México, Baja California y Querétaro ya emitieron su Declaratoria de Vigencia, las demás entidades se encuentran apenas en fases de diagnóstico, planeación o gestión presupuestal.
Explicó que la gran mayoría tiene pendiente la armonización de sus leyes locales, incluyendo la Constitución local, la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Civil, la Ley del Notariado y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Códigos de Procedimientos Civiles o Familiares, así como leyes de transparencia, registrales y de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
Asimismo, Moreira Valdez expuso que es urgente la construcción o remodelación de salas de audiencia oral, la creación de unidades de gestión judicial, centrales de notificadores y la adecuación de espacios para el nuevo modelo de organización basado en la oralidad y la gestión corporativa.
Aseguró que, con la reforma judicial, es imperativo fortalecer los sistemas de justicia digital. Esto exige el desarrollo de expedientes electrónicos, firmas digitales, plataformas de videoconferencia, sistemas de grabación de audiencias y herramientas integrales que permitan la tramitación completa de los procedimientos por vía electrónica.
De igual forma, el político coahuilense destacó que el sistema requiere un proceso de capacitación intensiva para funcionarios públicos, jueces, secretarios, actuarios, defensores públicos y abogados litigantes en técnicas de litigación oral y herramientas digitales.
“La transición de un modelo escrito a uno oral requiere un cambio cultural profundo en la práctica jurisdiccional que solo puede lograrse mediante programas de capacitación sostenidos y de alta calidad”, aclaró.
Por ello, el exgobernador de Coahuila reiteró que es necesario que las entidades federativas comiencen a actualizar su normativa, además de generar la infraestructura y capacitación necesarias para cumplir con este mandato.
