La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur logró probar la responsabilidad de Víctor Alfonso “N”, de 33 años de edad, en el delito de desaparición cometida por particulares, quien fue sentenciado a 37 años y 6 meses de prisión.
Como se informó oportunamente, el fallo condenatorio fue obtenido tras la conclusión del juicio oral, en el que personal de la Unidad Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares, Delitos Vinculados y su Judicialización, acreditó plenamente la responsabilidad penal del hoy sentenciado, mediante pruebas sólidas y legalmente sustentadas, expuestas durante las audiencias celebradas los días 6, 7, 8, 9, 12 y 13 de enero del presente año.
De acuerdo con la investigación, la madrugada del 30 de noviembre de 2022, la víctima se encontraba en su domicilio ubicado en el fraccionamiento El Dorado, en la ciudad de La Paz, cuando fue privada de la libertad por Víctor Alfonso “N” y tres hombres más, quienes lo sacaron del inmueble y lo subieron a una camioneta color negro con la intención de ocultar su paradero.
Posteriormente, el 6 de diciembre de 2022, la víctima fue localizada sin vida en una fosa clandestina, a la altura del kilómetro 6, rumbo a la playa El Saltito.
Tras la denuncia presentada por los familiares, la PGJE inició las investigaciones correspondientes y obtuvo una orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada el 6 de enero de 2023, en la colonia La Fuente, mediante un operativo coordinado entre agentes de la Unidad de Mandamientos Judiciales, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
El imputado fue vinculado a proceso el 7 de enero de 2023 y permaneció bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa durante todo el procedimiento penal, hasta la emisión de la sentencia condenatoria.
Durante audiencia de individualización de sanciones realizada el 16 de enero, la autoridad judicial impuso al sentenciado, aparte de la pena privativa de la libertad, el pago de una multa equivalente a 4 mil días, además de la reparación del daño por la cantidad de 874 mil 722.22 pesos, a favor de las víctimas indirectas.
