Ciudad de México, 3 de abril de 2025.– Esta semana, el Senador por Baja California Sur, Homero Davis Castro presentó ante el Pleno del Senado de la República una iniciativa para reformar la Ley General de Educación, con el fin de que los planteles particulares de nivel medio superior y superior que cuenten con autorización o reconocimiento oficial estén obligados a garantizar salarios justos y prestaciones laborales a su personal docente, conforme al artículo 123 constitucional.
La iniciativa busca responder a una realidad que durante años ha sido ignorada: miles de maestros en instituciones privadas enfrentan condiciones de precariedad laboral, sin acceso a seguridad social, prestaciones básicas ni estabilidad contractual. Esta situación afecta directamente la calidad educativa y vulnera los derechos laborales de quienes forman parte esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje.
La propuesta incluye reformar las fracciones VIII y IX, y adicionar una fracción X al artículo 149 de la Ley General de Educación, señalando expresamente la obligación de ofrecer condiciones laborales dignas.
Esta acción forma parte de una agenda legislativa centrada en el fortalecimiento del sistema educativo desde una perspectiva de justicia social, reconociendo que el bienestar de los trabajadores de la educación es clave para lograr una enseñanza de calidad y verdaderamente incluyente.
La implementación de esta reforma beneficiará a todo el país al elevar la calidad del sistema educativo, reducir la desigualdad y fortalecer los derechos laborales en el sector privado. En entidades como Baja California Sur, donde existen numerosos planteles particulares de nivel medio y superior, miles de docentes verían mejoradas sus condiciones de trabajo, lo que impactará positivamente en la educación, el desarrollo profesional de los maestros y el bienestar de sus familias.
Con esta iniciativa, el Senador Davis impulsa un cambio estructural que busca equilibrar las condiciones entre quienes trabajan en escuelas públicas y privadas, avanzando hacia un sistema educativo más equitativo y respetuoso de los derechos laborales.
