* A una semana de los hechos, la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Feminicidio presentó datos de prueba contundentes que acreditan la probable responsabilidad de Edilberto “N”.
Como resultado de una investigación exhaustiva basada en protocolos científicos y con una estricta perspectiva de género, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur logró que un Juez de Control dictara auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra de Edilberto “N”, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio agravado.
En la continuación de la audiencia inicial, celebrada este jueves 19 de marzo en el Centro de Justicia Penal de Los Cabos, la Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Feminicidio, adscrita a la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto (SADAI), presentó los datos de prueba recabados tras los hechos ocurridos el pasado miércoles 11 de marzo.
De acuerdo con las indagatorias ministeriales, la víctima, identificada como Citlali “N”, de 24 años y quien se desempeñaba como agente de la policía municipal, falleció a causa de lesiones por proyectil de arma de fuego tras ser trasladada a los servicios de emergencia.
Desde el primer momento, la PGJE activó los protocolos especializados para delitos de violencia de género. El seguimiento minucioso de las líneas de investigación permitió establecer la relación de Edilberto “N” —quien fungía como mando policial al momento del suceso— con el delito. Tras una jornada procesal que inició el miércoles 18 y concluyó la madrugada de este jueves, la autoridad judicial determinó la vinculación formal a proceso.
El Juez de Control ratificó que el imputado deberá permanecer bajo resguardo en el Centro de ReadaptaciónSocial durante el tiempo que dure el proceso jurídico.
Con esta resolución, la Procuraduría General de Justicia del Estado reafirma su política de cero tolerancia ante la violencia contra las mujeres. Este resultado es testimonio del compromiso institucional por combatir la impunidad y garantizar que ningún agresor, sin importar su cargo o función, sea ajeno a la aplicación de la justicia. La PGJE reitera su labor incansable para asegurar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el acceso pleno a la verdad y la justicia.
