Pongamos todo en perspectiva // Carlos Villalobos
Lo que pasó con el acuerdo de Meta en Estados Unidos tiene su gracia, y no precisamente por el tamaño del cheque, que ronda los 16 mil 680 millones de dólares para cerrar las demandas de 29 estados. Acusaban a la empresa de diseñar Facebook e Instagram para enganchar a los chavos, maquillar los riesgos de seguridad y rasurar datos de menores.
Lo pesado es que, tras años de escuchar que las redes sociales eran simples herramientas neutrales y que el problema era de uno por usarlas mal, el problema por fin pisó un tribunal y parece que ya está cambiando el tablero
Meta no aceptó haber cometido ilegalidad alguna al firmar el pacto, obvio, pero la letra chiquita no perdona: tendrá que modificar la experiencia de sus plataformas para menores en Estados Unidos (por el momento). Límites de uso, candados nocturnos, filtros de edad más pesados y restricciones que, hasta hace cinco minutos, los gurús de Silicon Valley juraban que eran técnicamente imposibles.
La pregunta cae por su propio peso, si estos cambios se pueden hacer ahorita, ¿por qué diablos no se hicieron antes? Años llevan las tecnológicas operando bajo una zona de confort intocable. Todo era innovación, el futuro iba a mil por hora y cualquier intento de poner vallas era tachado de atentado contra el progreso. Mientras tanto, la maquinita operaba con la lógica de un casino, atrapar la atención, mantenerte pegado a la pantalla, mapear hábitos y recetarte más de lo mismo para asegurarte un ratito más de permanencia.
Por eso importa tanto que este acuerdo obligue a Meta a romper esa inercia, sobre todo para que las y los menores de 18 años tengan un tope diario de dos horas, un apagón digital de medianoche a seis de la mañana, silencio de notificaciones en horario de clases y verificación de identidad real, reconociendo que los sistemas digitales necesitan barreras para no volverse un problema de salud pública.
Hoy la guerra no ha hecho más que empezar; TikTok, YouTube y Snapchat cargan con juicios idénticos. La presión ya no viene solo de papás desesperados o de investigadores privados, viene de fiscales, tribunales y gobiernos que empiezan a entender que la protección de la infancia no puede subordinarse al balance trimestral de Silicon Valley. Ahí tenemos a Australia prohibiendo el acceso a menores de 16, a Indonesia y Malasia ensayando rutas parecidas, y a Europa discutiendo sus propias leyes. A trompicones y con muchas dudas, pero ya se está empezando a mover la aguja.
En México tampoco somos ajenos a esta situación, la presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto sobre la mesa la discusión sobre el uso de celulares y redes sociales en la infancia y en las aulas, buscando hablar con profesores y familias antes de dar un paso en falso.
Es un acierto evitar que el debate se quede en el simplismo de “quitarles el aparato”, en el fondo tendría que ser qué clase de productos estamos permitiendo que la industria diseñe para ellos.
Hemos llegado a un punto de cinismo tremendo, ya que le exigimos autocontrol a un adolescente frente a pantallas optimizadas por ejércitos de ingenieros cuyo único trabajo es conseguir exactamente lo contrario. Les pedimos que sepan desconectarse mientras financiamos algoritmos programados para que no lo hagan. Esa contradicción ya no cabe debajo de la alfombra de la palabra “innovación”.
Justo por lo anterior el con Meta representa el primer raspón real para las tecnológicas, no porque eso signifique su quiebre, hace no mucho sus acciones subieron y tienen dinero de sobra para pagar la multa, sino porque atrajo esta discusión a la verdadera plaza pública mundial.
¿Qué puede hacer una corporación con la atención de menores de edad? ¿Cuánta intimidad digital es válido traficar? ¿Qué tanta responsabilidad asume el algoritmo cuando empuja contenidos nocivos? ¿Quién audita a los arquitectos de nuestro comportamiento?
Son preguntas que ya no le pertenecen solo a Silicon Valley, porque nos atraviesan a todos. Durante demasiado tiempo aceptamos la máxima de dejar que la tecnología avanzara primero y discutir los daños colaterales después, sin embargo, hoy estamos pagando la factura.
El acuerdo no es la solución definitiva; de hecho, deja vacíos y funciones de recomendación que los especialistas siguen señalando como focos rojos. Pero abre una posibilidad de oro, ya que el diseño de una plataforma también genera responsabilidades jurídicas y sociales.
Quiza este es el primer aviso ya que nos empezamos a dar cuenta de que se acaba la época en la que la industria podía escudarse en el futuro para evitar rendir cuentas.
Sígueme en twitter como @carlosavm_
