Subrayó que el problema representa una amenaza directa para el patrimonio de quienes, en muchos casos, dependen de sus pensiones o de los ahorros acumulados durante toda su vida.
Señaló que los delincuentes recurren a diversas estrategias para generar confianza y obtener información de sus víctimas.
El diputado federal Emilio Suárez Licona advirtió sobre el creciente riesgo que enfrentan las personas adultas mayores ante los fraudes cometidos mediante herramientas y plataformas digitales, al señalar que alrededor del 33 por ciento de este sector ha sido víctima de algún tipo de engaño financiero.
Subrayó que el problema representa una amenaza directa para el patrimonio de quienes, en muchos casos, dependen de sus pensiones o de los ahorros acumulados durante toda su vida.
Desde la tribuna de la Cámara de Diputados, el legislador priista presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y establecer una mayor protección para las personas mayores que sean víctimas de fraudes realizados por medios electrónicos, informáticos o digitales.
Suárez Licona explicó que las personas de 60 años y más representan aproximadamente el 12.8 por ciento de la población nacional; sin embargo, su participación en las denuncias relacionadas con posibles fraudes bancarios es considerablemente superior. De acuerdo con información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), siete de cada diez fraudes financieros se realizan actualmente a través de medios digitales.
Señaló que los delincuentes recurren a diversas estrategias para generar confianza y obtener información de sus víctimas. Entre ellas se encuentran llamadas en las que se alerta sobre supuestas compras con tarjetas bancarias, mensajes que advierten de presuntos intentos de hackeo o falsas ofertas de recompensas económicas, mecanismos que buscan convencer a las personas de proporcionar datos personales, bancarios o financieros.
El problema adquiere una dimensión mayor debido a las condiciones económicas y emocionales de este sector de la población, sostuvo Suárez Licona. Explicó que, a diferencia de otros grupos de edad, una persona adulta mayor puede enfrentar mayores dificultades para recuperar el patrimonio que le fue sustraído, por lo que una pérdida económica de esta naturaleza puede afectar de manera significativa su estabilidad y tranquilidad.
El congresista del PRI destacó que el fraude se ha convertido en uno de los delitos con mayor incidencia en México. Según cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, durante 2024 se registraron 33.5 millones de delitos en el país y el fraude alcanzó una tasa de 7 mil 574 víctimas por cada 100 mil habitantes, por encima de otros delitos como el robo y la extorsión.
Asimismo, refirió que durante el primer semestre de 2025 se contabilizaron más de 3.82 millones de reclamaciones relacionadas con posibles fraudes financieros, que representaron pérdidas económicas por alrededor de 16 mil 678 millones de pesos.
En el caso de las personas adultas mayores, 33 por ciento de las quejas por posible fraude bancario correspondieron a personas de 60 años y más, una proporción 2.5 veces superior al peso demográfico de este grupo.
Ante este escenario, Emilio Suárez propuso adicionar el artículo 386 Bis al Código Penal Federal, con el propósito de incrementar hasta en una tercera parte, tanto en su mínimo como en su máximo, las penas por fraude cuando éste sea cometido mediante medios electrónicos, informáticos o digitales y la víctima sea una persona adulta mayor.
