Francisco Javier SANDOVAL
El Congreso del Estado aprobó por mayoría la armonización de su marco jurídico con la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 2021 para permitir la interrupción del embarazo a las 12 semanas de gestación.
En sesión de ayer 2 de junio fueron aprobadas por mayoría con 16 votos a favor y 3 en contra, reformas a los artículos 151, 152, 153, 154 del Código Penal y a los artículos 60 y 62 de la Ley de Salud del Estado de Baja California Sur, derivado de una iniciativa ciudadana presentada por Mónica Iris Jasís Silberg.
El dictamen elaborado por las comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia y de Igualdad de Género, solicitaron la dispensa de la lectura y del trámite parlamentario, el cual fue admitido por mayoría y este fue leído por los diputados Luis Armando Díaz y José María Avilés Castro.
La iniciadora expuso que el espíritu de esta iniciativa es modificar el Código Penal vigente, no derogar por completo los artículos, pues, como se ha estipulado en otros estados, se propone mantener la punición para quien obligue a cualquier mujer a abortar sin su consentimiento. Se busca se dijo, que el Código deje de criminalizar y sancionar a las mujeres que aborten por decisión personal y de manera libre y se busca garantizar que sea de manera segura y gratuita para salvaguardar su integridad y salud.
El dictamen de las comisiones unidas argumentó que es imprescindible que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como todas las decisiones sobre sus propios cuerpos, se conviertan en un derecho de todas las mujeres mexicanas. “No es posible que mientras unas pueden gozar plenamente de este derecho, otras no sólo lo tengan restringido, sino que, además, sean castigadas, criminalizadas y encarceladas”, se especificó.
Refirió que, en la entidad, entre 2020 y 2022, han sido iniciadas 25 carpetas de investigación por lo que se considera el “delito de aborto”.
El marco legal actual permite la interrupción del embrazo en casos de violación o mal formación congénita del producto, con la reforma se homóloga la legislación estatal para despenalizar la interrupción del embarazo hasta los doce meses de gestación, argumentado en los principios de dignidad humana, la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad jurídica, el derecho a la salud (psicológica y física) y la libertad reproductiva, que reconoció la SCJN.
