Pongamos todo en perspectiva // Carlos Villalobos
Durante años se ha subestimado el impacto cultural del K-pop de este lado del continente, pero especialmente de sus fans. Sin embargo, el caso del ARMY mexicano en la polémica por la venta de boletos para los conciertos de BTS en México desmonta todos los prejuicios alrededor de este fandom, sobre todo, porque pasaron de publicaciones virales en redes sociales, a una acción colectiva, organizada y que está teniendo relevancia, a tal punto, en donde están literalmente empujando políticas públicas. Lo anterior, gracias a una movilización con pasos medidos y objetivos claro.
Todo empezó con algo que, al menos en el mercado mexicano se ha normalizado, la falta de transparencia en la venta de boletos y que para los shows de BTS en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México no sería la excepción. Ticketmaster y OCESA publicaron fechas y apertura de preventa, pero no dieron a conocer los precios y los mapas de asientos hasta que la presión fue demasiado grande. El desorden generalizado, la falta de información clara y los reportes de fallas en la plataforma llevaron a miles de fans a presentar quejas formales ante la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco. Más de 4 700 denuncias se presentaron con documentación y fundamento ante esa autoridad.
Ante esto la coordinación sistemática de miles de personas comenzaría a transformar su inconformidad en un proceso reconocido por una institución pública. La respuesta de Profeco no se hizo esperar, abrió procedimientos contra Ticketmaster por falta de claridad en la venta, anunció posibles sanciones económicas, que podrían superar los cuatro millones de pesos, e incluso perfila regulación para exigir la publicación de precios y cargos completos antes de cualquier preventa oficial.
Por si fuera poco, la discusión se elevó hasta el discurso público de autoridades, incluyendo la mención del caso en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum y solicitudes diplomáticas para ampliar las fechas de conciertos ante la evidente demanda de público.
Esto evidentemente está creando un precedente cívico, ya que nos permite entender que la participación ciudadana puede dejar las esferas de la queja espontánea en redes sociales y entrar a las arenas formales donde se construyen derechos y se exige cumplimiento de la ley. El ARMY de México está demostrando que cuando existe coordinación, claridad de objetivos y uso de mecanismos institucionales, la sociedad sí puede generar presión y obtener respuestas concretas.
Este episodio deja varias lecciones; el primero, algo evidente, es que las comunidades amplias y conectadas van más allá de ser audiencias de consumo; pueden ser actores públicos con capacidad de influir en prácticas que parecían inamovibles. Otra es que el escrutinio colectivo, articulado con las normas existentes, obliga a instituciones y empresas a ajustar procedimientos opacos, en beneficio de nuestras sociedades.
En México, habituados a aceptar resignadamente condiciones injustas o poco transparentes, ver cómo miles de personas transforman su descontento en acciones formales ante Profeco es una muestra viva de que la participación ciudadana, se amplía cuando se traduce en documentación, exigencia clara de derechos y acompañamiento institucional.
Y si algo debería quedarse en la reflexión colectiva es que la organización hace que la participación tenga consecuencias. No es solo la estridencia del ruido en la red, ni la viralidad de una protesta digital, más bien es la constancia, la estrategia y el uso de los canales que el sistema jurídico y democrático pone a disposición. En ese contraste, lo que ocurrió con el ARMY mexicano deja una impresión duradera, la participación ciudadana puede ser eficaz cuando se articula con conocimiento, compromiso y acción sostenida.
Al cierre de la redacción de este texto, he leído que ya están formando cuerpos colegiados jurídicos para fortalecer, aún más, los procesos que están llevando como comunidad.
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