Con la participación de instituciones de los tres órdenes de gobierno y de organismos civiles, la Secretaría de Salud de Baja California Sur instaló el Comité Estatal para la Supervisión de Establecimientos Residenciales de Atención en Adicciones que tiene, entre otros, el objetivo de vigilar y promover que este tipo de centros laboren con apego a la normatividad vigente y aplicable.
Es un comité que se establece en seguimiento a las recomendaciones previstas por la autoridad sanitaria federal, con la finalidad de impulsar una mejora continua en los servicios otorgados por los centros de rehabilitación en adicciones, de tal manera que se garantice el respeto de los derechos humanos de las y los usuarios, enfatizó la secretaria de Salud, Zazil Flores Aldape al encabezar la primera sesión del organismo.
Las acciones de supervisión serán programadas y estarán a cargo de diversas instancias estatales con competencias en asuntos relacionados con la procuración de justicia, inclusión social, derechos humanos, infraestructura, manejo de alimentos, atención y tratamiento de las adicciones, explicó la servidora pública al mencionar que en estas verificaciones se podrán emitir recomendaciones o aplicar medidas correctivas.
Además de la Secretaría de Salud, a través de su Coordinación de Salud Mental y Adicciones (CESMA) y de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), coinciden en este comité, Protección Civil, Procuraduría General de Justicia del Estado, Secretaría de Seguridad Pública, Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Delegación de Bienestar, institutos sudcalifornianos de la mujer y la juventud, detalló la médica.
En este encuentro se indicó que durante 2023 y 2024, la Secretaría de Salud ha impartido capacitaciones tanto a profesionales de la salud, como a responsables de centros de rehabilitación en adicciones sobre el nuevo modelo mexicano de salud mental y adicciones, el cual procura transitar de un modelo asilar a uno comunitario y el cual enfatiza la importancia de no estigmatizar a quienes requieran estas atenciones, subrayó Flores Aldape al recordar que el Gobierno de Baja California Sur opera nueve unidades de salud que ofrecen servicios gratuitos y ambulatorios a personas con señales de alerta por consumo de sustancias que generan dependencia.
