- Autoridades competentes deben informar con absoluta transparencia sobre la situación real de seguridad de la obra
- Preocupante, aval de la SCJN a inmovilizar cuentas bancarias sin orden judicial; afectará a familias y trabajadores
Al sostener que las autoridades tienen la responsabilidad indeclinable de prevenir cualquier riesgo que pueda derivar en una tragedia, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, señaló que es indispensable asegurar estabilidad estructural del Tren Maya para proteger a la población.
En entrevista previa al inicio de la sesión ordinaria, López Rabadán recordó que la experiencia reciente en el ferrocarril transístmico, con 14 víctimas mortales, refuerza la necesidad de actuar con previsión, rigor técnico y responsabilidad institucional.
“La ciudadanía tiene derecho a conocer las condiciones de seguridad, estabilidad y viabilidad del proyecto, así como las acciones que se están implementando para garantizar su integridad”, indicó.
En ese sentido, y ante los hechos que se han hecho públicos por posibles hundimientos en pilotes del Tramo 5 del Tren Maya, así como trabajos de apuntalamiento realizados por elementos del Ejército mexicano en zonas de cenotes y cavernas, la diputada presidenta dijo que resulta fundamental que las autoridades competentes informen con absoluta transparencia sobre la situación real de la obra.
“Es indispensable que se realicen todas las acciones de ingeniería necesarias para asegurar la estabilidad estructural del Tren Maya y salvaguardar la vida de las personas, bajo los más altos estándares de seguridad”, insistió.
A pregunta expresa sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar constitucional la inmovilización de cuentas bancarias sin orden judicial, expresó que respeta las decisiones de los demás poderes; sin embargo, calificó de “imposible” compartir esta resolución.
Primero que nada, por supuesto, yo respeto siempre las resoluciones de los demás poderes. Me parece que es imposible compartir la definición que ha tomado la Suprema Corte de Justicia.
Bloquear o inmovilizar las cuentas sin que haya una resolución judicial claramente viola la Constitución”, expuso.
López Rabadán subrayó que esta iniciativa ya se había presentado en el régimen anterior y fue detenida por la SCJN.
“En aquella época, en 2018, hubo una Suprema Corte de Justicia de la Nación que detuvo ese exceso. En aquella ocasión la Suprema Corte de Justicia actuó claramente como un contrapeso a lo que se buscaba”, aseveró.
Explicó que esta medida afectará a los trabajadores y sus familias de una empresa a la que, sin ser investigada, se le inmovilicen sus cuentas y no pueden recibir sus ingresos.
“Me parece que es una decisión errónea, que va a lastimar a mucha gente y que esos errores de “disculpe usted, le quité su patrimonio, le quité sus ahorros, le quité su empresa” y me doy cuenta meses o años después de que me equivoqué, pues en ese proceso muchas familias, muchos empleados dejarán de tener dinero para comprar la comida del siguiente día o de la siguiente quincena”, lamentó.
