En un esfuerzo permanente por consolidar una cultura de paz y legalidad, la Procuraduría General de Justicia del Justicia del Estado (PGJE), a través de la Dirección de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, encabezó este viernes 27 de febrero una jornada informativa interinstitucional.
Esta iniciativa, alineada a los programas estratégicos Jornadas por la Paz, Párale a la Violencia y ¡Échale Montón!, reafirma el compromiso de la PGJE con la profesionalización y la articulación efectiva entre dependencias de proximidad social.
El objetivo central fue dotar al personal de herramientas técnicas y protocolos de vanguardia para actuar como primeros respondientes. La prioridad institucional es garantizar que toda intervención que involucre a niñas, niños y adolescentes —ya sea como víctimas o en conflicto con la ley— se realice bajo el estricto respeto a los derechos humanos y el interés superior de la niñez.
La jornada destacó por la profundidad técnica de sus ponentes, con un énfasis especial en la operatividad del sistema de justicia:
Miguel Alberto Vázquez Valtierra, Agente del Ministerio Público Especializado en Justicia para Adolescentes:Su intervención fue fundamental para precisar el marco legal vigente y los protocolos de actuación inmediata. El Representante Social subrayó la importancia de una justicia diferenciada y especializada, asegurando que los procedimientos no solo cumplan con la ley, sino que busquen la reinserción y la protección integral del adolescente.
Lucía Dolores Loredo Saucedo, Jueza Especializadaen la materia, aportó claridad sobre los criterios jurisdiccionales y las medidas de protección críticas en casos de violencia familiar.
En tanto María Daniela España Lizárraga, Jueza Cívica, expuso la relevancia de la justicia cívica como la primera línea de defensa para prevenir conductas de riesgo y desactivar conflictos antes de que escalen.
Con estas acciones, la PGJE no solo cumple con una agenda de capacitación, sino que colabora con latransformación en el servicio público, para que sea una atención más humana, expedita y técnica que garantice la restitución de derechos y fortalezca el tejido social en Baja California Sur.
