Estamos a sólo tres días de la Jornada de Revocación de Mandato, un inédito ejercicio de democracia participativa que nuevamente convoca a la ciudadanía a las urnas, para ejercer sus derechos políticos de manera libre e informada.
Hoy, es muy importante informar a la ciudadanía, con hechos y datos correctos y verificables, sobre las acciones emprendidas por el INE para hacer posible la Jornada de Revocación de Mandato que está por celebrarse el próximo domingo.
Desde agosto de 2021, cuando el Consejo General aprobó la primera versión de los Lineamientos para la organización de la Revocación de Mandato, el Instituto ha venido cumpliendo con todas sus obligaciones constitucionales y ejerciendo sus atribuciones legales, incluida la solicitud formal y legal de una partida presupuestal suficiente para la instalación de todas las casillas requeridas en un proceso de dimensiones semejantes a las de una elección federal, pese a que en ese momento no contaba aún con la ley reglamentaria y debíamos cumplir con el mandato constitucional que tenemos en el INE.
Aun cuando el Congreso de la Unión había sido omiso 454 días para aprobar la ley federal en la materia, el INE emitió estos lineamientos, comenzó a trabajar en la preparación del proceso y aprobó un Anteproyecto de Presupuesto para 2022 que consideraba la posibilidad de que, tal como lo establece el artículo 35 de la Constitución, la ciudadanía solicitara la Revocación de Mandato del Titular del Poder Ejecutivo Federal por pérdida de confianza.
La solicitud de tres mil 830 millones de pesos como partida precautoria, en caso de que se cumpliera el supuesto de que un 3 por ciento de la Lista Nominal de Electores solicitara la Revocación de Mandato, fue incluida en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a petición del INE, y fue explicada detalladamente a las diputadas y diputados; sin embargo, la Cámara de Diputadas y Diputados, no autorizó los recursos, y eso constituyó el primero y más importante de los muchos obstáculos que el INE tuvo que enfrentar en la organización de este proceso.
La partida aprobada por la Cámara de Diputados para este ejercicio fue de 830 millones de pesos, únicamente, y tuvo que ser complementada por el INE con ajustes a su gasto operativo y, cuando formalmente se solicitaron los recursos faltantes a la Secretaría de Hacienda, éstos fueron negados sin fundamentación o sin motivación alguna, y con una propuesta de “plan de austeridad” calculada sin rigor técnico, ni información real, sobre las necesidades presupuestales para la organización de la Revocación de Mandato.
Cuando el Instituto recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para interponer una controversia constitucional en contra del presupuesto asignado, y cuando una mayoría de consejeras y consejeros aprobamos un acuerdo que posponía la organización de la Revocación de Mandato, en tanto se resolvía el fondo de dicha controversia, se interpuso desde la Presidencia de la Cámara de Diputados una denuncia penal en contra de seis integrantes de este Consejo y el Secretario Ejecutivo del INE; una denuncia sin precedentes en la historia de la democracia, por la cual se iniciaron indagatorias desde la Fiscalía General de la República y que, a la fecha, sigue abierta pese al anuncio de quien la promovió en el sentido de “tomar todas las acciones jurídicas a su alcance, para efecto de que no continúen las indagatorias penales en contra de funcionarios del INE”.
El INE ajustó sus lineamientos, primero en septiembre de 2021, cuando el Congreso de la Unión aprobó la Ley Federal de Revocación de Mandato, y después en noviembre, cuando a raíz de una impugnación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos ordenó aceptar formatos impresos en todo el país para la captación de los apoyos ciudadanos para el ejercicio, y no sólo la aplicación electrónica que se había habilitado con el fin de facilitar y dar plena certeza a la recolección de firmas de los interesados en que el proceso se llevara a cabo.
