Hasta este mes, que es el penúltimo de la temporada de mayor riesgo de incendios forestales en Baja California Sur se tienen registrados cinco de estas conflagraciones, con una afectación aproximada de cincuenta hectáreas, varios de ellos intencionales pero que no pueden ser castigados porque el Código Penal aunque impone penas de tres a doce años de prisión, establece que solamente intervendrán las autoridades judiciales, cuando sean denunciado por medio de una querella.
Por ello el pasado mes de abril, la diputada local panista, Eda Palacios, presento un proyecto de reforma al artículo trescientos sesenta y nueve del Código Penal del Estado, para que estos siniestros sean perseguidos de oficio, es decir sin necesidad de que se presente la denuncia de estos hechos delictivos ante las instancias judiciales.
Por lo cual, los suscitados en la entidad como el que afectó palmares aledaños al estero de San José del Cabo o de la población de Santiago dañando cuarenta viviendas, se mantienen sin castigo, aunque en este caso se informó que fue provocado por actividades de personas residentes en esta región del estado.
En la aplicación de las medidas de prevención y combate de estos incendios en las zonas rurales, participa la Promotoria de Desarrollo Forestal, organismo dependiente de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), junto con otras dependencias gubernamentales, que también podrían estar facultada para denunciar penalmente a quienes se les señale como causantes de incendios forestales.
Precisamente esta semana se suscitó un incendio más, ahora en la región arbolada aledaña al arroyo del Vado de Santa Rosa, municipalidad de Los Cabos, donde que las primeras informaciones señalan, que se inició en una vivienda construida ilegalmente en esa zona de jurisdicción federal, aunque para Conafor, por medio de su representación estatal no se considera forestal, por su cercanía con la mancha urbana cercana.
