+ Servidores públicos desviaron 9 millones de pesos del Erario.
+ Investiga la FGR y la SFP presuntos hechos de corrupción.
+ Comprometieron servicios de internet y telefonía digital a la comunidad del IPN.
El colectivo Justicia Transversal Mexicano (JTM) urgió al ministro Arturo Zaldívar Lelo Larrea, para que intervenga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante una solicitud de amparo ante presuntos actos de corrupción al interior del IPN.
El abogado del colectivo Mauricio Santiago Eder recordó que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga una presunta acción fraudulenta en perjuicio de la comunidad del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en materia de conectividad en internet y telefonía digital.
Se trata, argumentó, de una compra simulada, donde autoridades de esta institución desviaron 9 millones de pesos del erario en contra de empresas del sector tecnológico que realizan sus operaciones en México.
A decir de la autoridad ministerial, funcionarios de la dirección general de Cómputo y de Comunicaciones del IPN exigieron, en contubernio, con Telecomunicaciones VG y Asociados, 6 millones de pesos a cambio de pagar 9 millones 257 mil pesos que se adeudan a las primeras firmas que ya realizaron los trabajos de mantenimiento.
Tras ganar el contrato IPN-PS-LICI-020-2021, funcionarios de la institución, que dirige Arturo Reyes Sandoval, se negaron a firmarlo, sin antes pactar una comisión que equivale a una tercera parte del monto total, es decir, una comisión de 6 millones de pesos.
Ante esta investigación por hechos que presumen acciones ilegales de corrupción en perjuicio de la Nación, el abogado Santiago Eder, recordó que se interpuso un juicio de amparo que le tocó conocer a Dinorah Hernández Jiménez, jueza novena de Distrito en Materia Administrativa, quien llevó a cabo la audiencia constitucional el pasado 4 de abril de 2022 sin emitir sentencia.
“Los presuntos hechos de corrupción ya los investiga la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de la Función Pública, pero se necesita la pronta acción del Poder Judicial para evitar dejar en el desamparo a las víctimas”, expuso.
Sostuvo que, dentro de la indagatoria ministerial, se detalla que quedó vulnerado el derecho de la conexión al servicio de Internet y de telefonía digital de la comunidad politécnica, al quedar comprometidos el servicio de mantenimiento, que gastas el momento no se ha liquidado.
“Las investigaciones señalan a funcionarios cercanos al director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, como responsables de presuntos actos de corrupción donde aparecen los nombres de Carlos Ruiz Víquez Cuevas, titular de la Coordinación Nacional de Cálculo y subalternos como David Eduardo Magaña Martínez y Francisco Javier Hernández Betancourt, de la dirección de Cómputo y Comunicaciones”, recordó.
Estos funcionarios públicos están acusados por afectar a la comunidad politécnica al vulnerar sus derechos humanos, sino también de obstaculizar el proceso de adjudicación de bienes y servicios del IPN y evitar firmar un contrato de servicios, tras un hecho ilegal y de corrupción.
La indagatoria resalta que Gilberto Reyes, uno de los representantes de Telecomunicaciones VG, se identificó como primo del director general del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes, por lo que “debería acceder a la solicitud del cobro de dicha comisión de 6 millones de pesos, para lograr obtener su pago de 9 millones de pesos.
