A pesar de que los ayuntamientos son los primeros respondientes (utilizando un término que ahora se aplica en el léxico del Nuevo Sistema de Justicia Penal), en cuanto a las demandas de la ciudadanía, son los que menos recursos financieros tienen para dar respuestas inmediatas y suficientes. Solo los ayuntamientos de las grandes ciudades del país, disponen de suficiente pachocha, pero la mayoría pasan las de Caín todo el año.
Por si fuera poco, la mayoría de las administraciones municipales, vienen arrastrando adeudos históricos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y con el Fondo de Vivienda del Issste, lo que debilita más sus ya de por si magros recursos financieros. Y si a eso se le añade lo que se llevan en sus bolsillos quienes han ocupado el cargo de alcalde o alcaldesa, pues las cosas se complican todavía más.
Como dijera el poeta cubano, JOSÉ MARTÍ, “conozco el monstruo, he vivido en sus entrañas”, pues en alguna etapa de mi modesta existencia, me desempeñé como servidor público en administraciones municipales de Comondú y La Paz y ello me permitió conocer a fondo cómo operan los ayuntamientos, así como las vicisitudes que suelen enfrentar los alcaldes y las alcaldesas.
Lo anterior viene a colación porque ayer, en la Sala de Gobernadores del palacio de cantera, se llevó a cabo la firma de un convenio de reconocimiento de la deuda histórica que afecta al gobierno estatal y a las cinco administraciones municipales con el Issste y el Fovisste y que ronda los 3 mil millones de pesos. Lo firmaron, el director general del Issste, PEDRO ZENTENO SANTAELLA; el gobernador VÍCTOR MANUEL CASTRO COSÍO y las cuatro alcaldesas de la entidad, así como el presidente municipal de Los Cabos, ÓSCAR LEGGS CASTRO.
Debido a este adeudo, la mayoría de los empleados estatales y municipales, se han visto afectados en las prestaciones que otorgan esas dos instituciones, principalmente en lo que corresponde a préstamos diversos y para la construcción o compra de viviendas, además de que se podrá reforzar y ampliar la infraestructura hospitalaria del Issste en Los Cabos, La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé.
Habría que reconocer el empeño de parte del mandatario estatal, VÍCTOR MANUEL CASTRO COSÍO, quien estuvo insistiendo ante las autoridades nacionales del Issste, para lograr este convenio que le dará un respiro al Gobierno del Estado y los 5 ayuntamientos, en cuanto a la disponibilidad de recursos económicos y financieros, los que repito, en el caso de estos últimos, salvo la administración cabeña, son muy limitados…
COLLAGE: El gobernador VÍCTOR MANUEL CASTRO COSÍO y las alcaldesas de Mulegé, EDITH AGUILAR VILLAVICENCIO; de Loreto, PAOLA COTA DAVIS; de Comondú, ILEANA TALAMANTES HIGUERA y de La Paz, Milena Quiroga Romero, así como el alcalde de Los Cabos, ÓSCAR LEGGS CASTRO, firmaron con el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Issste), PEDRO ZENTENO SANTAELLA, un convenio de reconocimiento de la deuda histórica con esta institución y con Fovissste, que en total asciende a casi 3 mil millones de pesos. Con ello, señaló el ejecutivo estatal, se hace frente, a uno de los principales retos de las administraciones estatal y municipales, donde lo importante es que se garantiza a los trabajadores el acceso a todos los servicios que ofrece la institución. En encuentro llevado a cabo en la Sala de Gobernadores de Palacio de Gobierno, se precisó que, a través de este acuerdo, la administración estatal y las municipales, se comprometen a realizar pagos mensuales, de acuerdo con su deuda, por un periodo de hasta 15 años. “Baja California Sur es uno de los primeros estados que tiene la voluntad política, aún con las dificultades que implica, de demostrar que es posible recuperar al Issste, de abonar, de pagar compromisos históricos”, comentó CASTRO COSÍO. Este esfuerzo beneficiará a miles de derechohabientes, como la entrega de las obras de ampliación al hospital de La Paz, dar mayor atención a trabajadores de Los Cabos, además de tener acceso a todos los servicios sociales y garantizar las pensiones, por ejemplo. Por su parte, el titular del Issste en el país, consideró que este acuerdo se trata de un evento histórico, en donde el gobierno del estado y municipios manifiestan su responsabilidad social con los trabajadores derechohabientes…
La XVI Legislatura del Congreso del Estado trabaja en la elaboración de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial para el Estado de Baja California Sur, bajo los enfoques de seguridad e inclusión, informó el diputado JUAN PÉREZ CAYETANO, presidente de la Comisión Permanente de Comunicaciones y Transportes. En mesa de trabajo realizada por la Comisión Permanente la noche del 16 de agosto, legisladores y legisladoras coincidieron con el presidente de la comisión, en que la Ley deberá enfocarse en seguridad e inclusión, en tanto que las plataformas digitales deberán ser reguladas en otra legislación específica. La XVI Legislatura a través de la Comisión planea una ruta crítica tentativa que contempla el análisis de información y redacción del borrador de la iniciativa en el mes de agosto; realizar la socialización de la iniciativa en Parlamento Abierto en el mes de septiembre; la construcción de consensos en octubre, para que en el mes de noviembre se presente el dictamen ante el Pleno y someterlo a la aprobación de sus integrantes. En la mesa de trabajo en la que también asistieron la Dirección del Transporte y la Subsecretaría de Enlace Legislativo del Gobierno del Estado y la dirección de Transporte del Municipio de Los Cabos y asesores, destacaron que por disposición constitucional, la movilidad debe de ser tratada como un derecho humano, así como que por recomendación de la Segob y la Sedatu la armonización debe incluir la universalización de señalización y velocidades en todas las entidades…